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RAZONES DE UNA ABSTENCIÓN


Víctor Manuel Moncayo C.
Representante de los exrectores ante el CSU 

 

CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2006, EN LA CUAL SE DESIGNÓ NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

 
Me permito a continuación dejar expresa constancia de las razones que sustentaron la decisión de abstenerme en el proceso de votación adelantado en la sesión del 18 de abril de 2006, para los efectos de la designación de Rector de la Universidad Nacional de Colombia:


1. El nuevo Estatuto General contenido en el Acuerdo 11 de 2005 del CSU (numeral 3º del artículo 14º) reiteró los mismos criterios que deben tenerse en cuenta para la designación de Rector que había consagrado el Estatuto General adoptado por el Acuerdo 13 de 1999, a saber:

*Consulta previa a la comunidad académica *Consideración de los planes y programas presentados *Análisis y valoración de las calidades de los aspirantes



2. En cuanto a la "consulta previa a la comunidad académica", la reglamentación expedida por el CSU (contenida en el Acuerdo 22 de 2004 y en las Resoluciones 104 de 2005 y 003 y 006 de 2006) no consagra una verdadera consulta a la comunidad académica, aún cuando el procedimiento haya sido denominado como tal, por lo siguiente:

a) La llamada "consulta electrónica" o "manual" es sólo un mecanismo para determinar si los aspirantes reunían el respaldo mínimo de profesores, estudiantes o egresados establecido por la reglamentación, sin  que nada significara el mayor o menor volumen de opinión a favor de uno u otro candidato, así fuera en forma relativa. Además, la opinión de adhesión podía darse por un solo nombre o distribuirse entre dos o tres, de tal manera que tampoco representaba propiamente una consulta. Esa consulta sustituía, por medios técnicos, el sistema de recolección de firmas, y así fue entendido y reiterado por el CSU.


b) La participación de los egresados en la "consulta", aunque se pueda valorar conveniente, carece de sustento normativo, pues ese conjunto de personas no está definido en parte alguna como integrantes de la comunidad académica, que siempre se ha entendido como el conjunto de profesores y estudiantes. Adicionalmente, se trata de un universo muy indeterminado y casi inidentificable, pues la Universidad carece de bases de datos que permitieran, por ejemplo, conocer el universo.


c) La fase del proceso representada por la opinión de los miembros de los Consejos de Facultad, tampoco puede considerarse como consulta, pues se trata también de un  mecanismo para conocer los cinco candidatos con la mayor aceptación, sin importar el volumen relativo de la opinión dada por cada uno de los aspirantes. De otra parte, los integrantes de los Consejos de Facultad son en su gran mayoría (diez de trece posibles) directivos de la Universidad y sólo dos con origen en la voluntad de la comunidad académica (los representantes de los profesores y estudiantes).


d) El proceso, como el suscrito lo advirtió desde el inicio en sesión del CSU, fue inocuo e inútil, pues en la práctica todos los cinco aspirantes podían con facilidad superar los "umbrales", tanto en la "consulta electrónica" como en la expresión de opiniones de los integrantes de los Consejos de Facultad, como efectivamente ocurrió. El proceso nada agregó en materia del razonado análisis de los candidatos y de sus planes y programas. Lo hecho luego de haber gastado ese tiempo y esos recursos, bien podía haberse hecho en igual forma, con las mismas características, desde el mismo momento en que se aceptaron las cinco candidaturas, sin pasar por las apariencias de la participación.

 

3. Respecto de los restantes criterios (planes y programas y calidades académicas) la regulación no les dió un referente objetivo para su valoración. Todo se dejó a la apreciación subjetiva de los integrantes del CSU, lo cual convirtió esos criterios en prácticamente inexistentes. Además, el CSU incumplió su propia regla de señalar previamente la "metodología" con base en la cual designaría al rector, como lo exigía el artículo 16º del
Acuerdo 22 de 2004, pues esa metodología ha debido referirse a la consideración y valoración de planes y programas y de calidades académicas y no sólo a aspectos formales de las entrevistas, la absolución de interrogantes y la forma de la votación, como a última hora se determinó.


4. El supuesto proceso de "consulta electrónica" arrojó como resultado un abierto rechazo de la comunidad al procedimiento establecido: sólo participó el 39% del personal docente y el 7% de lo estudiantes, lo cual confirmó la opinión expresada en varios sondeos que se hicieron con anterioridad y simultáneamente con el proceso.


5. Aún aceptando en gracia de discusión el sistema como de "consulta", los profesores aspirantes no recogieron individualmente más del 15% de la opinión del profesorado ( es el caso de los aspirantes situados en los dos primeros lugares que recibieron 413 y 412 opiniones), ni más del 2.8% de la opinión del estudiantado (como es lo que representa el volumen de 1249 opiniones de estudiantes que obtuvo una de las candidatas). Esto es aún más significativo si se tiene en cuenta que se podía opinar por uno, dos o tres aspirantes, de tal manera que el volumen de opiniones en una determinada proporción es compartida por varios aspirantes. Similar consideración puede hacer sobre la participación de los integrantes de los Consejos de Facultad, con la adición de que en forma generalizada no contó con  la participación de los representantes de profesores y estudiantes, lo cual permite reiterar,
con mayor razón, que esta fase carece de toda significación en términos de verdadera participación de la comunidad académica.


6. El proceso de designación por el CSU mediante el mecanismo de voto público, estuvo precedido de una deliberación apenas formal, que de manera curiosa, por decir lo menos, concluyó en la coincidencia de cinco miembros del CSU en el nombre del elegido. La apreciación de las calidades académicas y de los planes y programas realmente fue mínima, pues en la práctica todo se redujo a destacar la claridad que había mostrado el elegido sobre la continuidad del proceso de reforma, sin  mayores transiciones ni adecuaciones; al reconocimiento de sus innegables méritos en su área del conocimiento sin valorar ni cotejar otras hojas de vida igualmente destacadas ni mucho menos las fortalezas de otros aspirantes en la necesaria capacidad de gestión que va unida a las exigencias de la conducción de la
Universidad; y al  desdén por los rasgos de integralidad y coherencia de los planes propuestos para el próximo período.


7. Aunque entendemos que la designación de Rector no es un proceso electoral y que el factor de algún relativo consenso por parte de la comunidad académica no es un factor de decisión exclusivo, estimamos que en el momento actual que vive la Universidad era necesario tener en cuenta un mínimo de legitimidad, que no la otorga el simple cumplimiento formal de las reglas vigentes. La legitimidad para dirigir y orientar la Universidad, más aún en las circunstancias de su discurrir reciente, reposa en un cierto grado de consenso y aceptación que sólo podía ser reclamada, ciertamente de manera muy limitada, por algunos de los aspirantes, si se tuviera en cuenta la participación profesoral en el procedimiento que equivocadamente fue denominado consulta. De igual manera, para asegurar condiciones de gobernabilidad se han debido apreciar las características de apertura a la discusión y al debate amplios sobre las reformas que se han venido impulsando, cuya puesta en marcha confluyeron en la crisis de finales de 2005, que no puede ignorarse.


8. El proceder de la mayoría del CSU ignora la significación que tiene una decisión precedida por un proceso en el cual no sólo hubo una exigua participación de la comunidad académica en la denominada "consulta electrónica", sino que se adoptó sin la participación de la mayoría de los representantes profesorales y estudiantiles en los Consejos de Facultad y con la abstención expresa de los representantes de esos mismos integrantes de la comunidad académica en el CSU, con la ausencia de debate real sobre el derrotero de la Universidad en los próximos años, y con una manifestación evidente de rechazo a los mecanismos reglamentados para la designación de Rector.  Los representantes directos e indirectos del Gobierno con la adhesión del delegado del Consejo Académico, han repetido, con otros actores y con otras reglas, el mismo proceso de hace tres años sin ninguna reflexión autocrítica, que puede entrañar dificultades y tropiezos reales para la marcha de la Universidad Nacional de Colombia, que ojalá no existieran o puedan llegar a subsanarse.