Informes:

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO-REPRESENTACION PROFESORAL

Informe sesión ordinaria del 24 de febrero de 20004 5:00 pm.
NOTA: El presente informe no reemplaza las actas oficialmente aprobadas por el CSU

 

Reunión ordinaria del 24 de febrero de 2004

Asistentes:


Viceministro de Educación; Rector; Representantes del Presidente de la República; Representante del CESU; Representante de los ex-rectores; Designado por el Consejo Académico; Representante de los Profesores; Representante de los Estudiantes. 8/8

Asuntos del Viceministro
El Viceministro da la bienvenida a los nuevos miembros del CSU Drs. Ramsés Hakím y Carlos Miguel Ortiz, representante de los ex-rectores y designado por el Consejo Académico, respectivamente. Al Dr. Horacio Arango, ex-designado por el Consejo Académico, expresa agradecimientos a los miembros del CSU y desea éxitos al CSU en sus tareas venideras.
Asuntos del Rector
Presenta proyecto de Acuerdo para incorporar al presupuesto de inversión la suma de $ 17,215,955,116, los cuales no se habían ejecutado, y que mediante gestión de la administración, invocando la autonomía y una sentencia de la corte constitucional, se recobraron bajo el concepto de recursos propios. El Ministro de Hacienda ha reconocido que con fundamento en los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, estos recursos no deben ser reintegrados al tesoro nacional. El Director Nacional Administrativo y Financiero, Dr. Camilo Diaz Tafur, explica en forma general las razones que ameritan incluir estos recursos en el presupuesto de 2004, de lo cual dará detalles al Señor Viceministro. El Acuerdo es aprobado, delegándose al Rector para la distribución de estos recursos de inversión.
Presenta y sustenta el texto de proyecto de Acuerdo mediante el cual se reglamenta el quórum y las mayorías para la adopción de decisiones en los cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de Colombia. Argumenta que en las pasadas sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el nombramiento del Rector, se encontró que la Universidad Nacional carece de reglamentación acerca de tales definiciones. La universidad haciendo uso de su autonomía, debe proceder a su reglamentación. El CSU aprueba por unanimidad el Acuerdo en el cual se define como quórum deliberatorio la asistencia de la mitad más uno los miembros con derecho a voto, y como mayorías decisorias la mitad más uno de los miembros asistentes con derecho a voto.
Anuncia que prontamente la rectoría publicará un documento sobre reforma académica. Informa que el Consejo Académico aprobó la implantación de los créditos en los programas de pregrado a partir del año 2005. Sustenta su utilidad en términos de flexibilidad. Declara que con los créditos no se incrementa el valor de la matrícula, y que por el contrario, en algunos casos se disminuye.
La representante de los estudiantes manifiesta que el impacto de la implantación de créditos en el pregrado merece una discusión específica, al igual que la reforma académica, citando como ejemplo la carrera de economía. Adicionalmente presenta quejas en contra del SIA, precisando que este sistema prioriza con base en promedios, dejando sin cupo a algunos estudiantes. Indica que en algunos casos no se reportan las calificaciones oportunamente, teniendo como consecuencia la exclusión por parte del SIA. Solicita además que se examine el régimen de matriculas de la Universidad Nacional, con el fin de hacerlo más justo.
Temas de Plenaria
La Dra. Juanita Barbosa Gómez, Directora de la Oficina Nacional de Planeación, expone de forma general el cronograma y los componentes del Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional. Indica que se compone de una primera etapa, representada en la participación de la comunidad universitaria a través de los claustros y colegiaturas, la cual ya culminó. El informe de la colegiatura nacional, debió ser entregado el 29 de noviembre, pero se espera que sea entregado en sesión especial del CSU. La segunda etapa corresponde a la elaboración del plan, mientras la tercera consiste en la elaboración de los planes de acción de las sedes.
El Rector añade que los planes de desarrollo de las universidades comúnmente comparten aspectos generales retóricos o formales, mientras que gran parte de la especificidad se encuentra en los aspectos financieros.
El Rector presenta a consideración el proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta el nombramiento de Decanos de Facultad en la Universidad Nacional de Colombia. Introduce la discusión informando que se ha podido determinar que la consulta a la comunidad universitaria para este tipo de nombramiento no aparece establecida en la Ley 30 de 1992, mientras que para el caso de rector se encuentra prevista.
Se somete a discusión una versión derivada de la aprobada en la primera vuelta por el CSU, a la cual se le ha adicionado a la sección de las postulaciones mediante firmas, la postulación adicional de hasta 3 candidatos a decano de la respectiva facultad, para lo cual el Consejo de Facultad solicitará a cada UBGAA hasta un máximo de 2 nombres tomados de su seno. El rector destaca que esta modificación no altera los componentes sustanciales del contenido aprobado en primera vuelta.
La discusión se inicia concediéndole la palabra al representante profesoral, quien expresa lo siguiente: Antes de referirme a tan delicado asunto, debo manifestar que mi intervención no tiene propósito distinto al de querer contribuir a que la Universidad Nacional en su conjunto, este CSU y esta administración, sufran el mínimo de interferencias jurídicas y políticas en el camino hacia el alcance de las más caras metas académicas en que nos encontramos identificados. Solicito el privilegio de que se me permita dividir la exposición sobre el proyecto de Acuerdo en tres secciones. Un breve marco conceptual o de principios y de antecedentes históricos recientes, seguido de unas críticas particulares y concretas al proyecto, y finalmente una propuesta.
Debo empezar reconociendo en la anterior administración la vehemencia en el discurso en la defensa de la universidad pública, el haber permitido al menos, en sus 6 años de ejercicio del poder, que las iniciativas de varias facultades culminaran en la creación de 62 nuevos programas de postgrado, entre ellos 6 de doctorado. Pero también debo señalar que la anterior administración también sigue siendo reconocida por haber elevado a nivel estatutario y reglamentario la participación de profesores y estudiantes en consultas para la conformación de ternas en los eventos de nombramiento de rector y decanos, por haber estatuido igualmente las campañas y el voto secreto y libre para la conformación de dichas ternas. También es inevitable reconocer que fueron precisamente esos mecanismos de consulta los que hicieron posible el nombramiento del actual rector por parte del CSU. Nombramiento éste refrendado esencialmente en su constitucionalidad, legalidad y respeto a los reglamentos por las más altas corporaciones del poder judicial. Esta rectoría proviene de una consulta a través de ese voto secreto y libre que la ubicó en un segundo lugar en una terna, y cuya votación es juzgada por algunos analistas como decorosa y libre de maquinarias. Los actuales decanos, quienes en una muy significativa mayoría han venido brindándole respaldo a la actual administración en importantes temas, también provienen del accionar de tal mecanismo consultivo.
Siempre me ha resultado un tanto incomprensible que la anterior administración haya demandado los mismos mecanismos que le permitieron al ex-rector Víctor Manuel Moncayo ser designado rector cuando no encabezó las ternas oficial ni extraoficial conformadas en las consultas de 1997, los mismos mecanismos que permitieron que se nombraran muchos decanos sin que encabezaran las respectivas ternas, o que se nombraran decanos donde no existían ternas, cuando ello convenía, o se dejaran de nombrar cuando no convenía. Más aun, sin estar ello previsto en ningún reglamento, se obligó a repetir el evento de conformar ternas con el propósito de que aparecieran otros nombres. En ningún caso los afectados interpusieron demandas o tutelas.
Resulta que ese mismo mecanismo de consulta demandado fallidamente por la anterior administración, ahora la actual administración, y entiendo la mayoría de los miembros del Consejo Académico, al igual que algunos sectores del profesorado lo están impugnando con el argumento de que constituye un espacio para el ejercicio de los inveterados vicios de la política mal entendida, el clientelismo, el comportamiento incivilizado y antidemocrático, la expresión de las más indecibles injurias contra los candidatos, el graffiti insultante, la intimidación, la tentativa o quema de urnas y otros actos conexos. Pareciera entonces, y así lo perciben algunos observadores, que si en algo coinciden ambas administraciones, es en que los mecanismos de consulta son buenos mientras estos les sirven a las administraciones del momento, y deben ser cambiados cuando estos dejan de servirles. Considero, en consecuencia, que se debe tratar de legislar más para el futuro, más institucionalmente, que para las administraciones de turno.
Aunque he sido testigo de algunas de estas manifestaciones incivilizadas y politiqueras inherentes a diversas campañas en la Universidad Nacional, sería irresponsable e irrespetuoso si afirmara que quienes hoy ocupan altas posiciones académico- administrativas encarnan algo de esas manifestaciones por el simple hecho de haber transitado a través de esos mecanismos de consulta hoy impugnados. Me parece que el cierto o supuesto comportamiento politiquero y clientelista es algo intrínseco en algunos individuos, es casi algo propio del libre desarrollo de la personalidad, es como una especie de opción de vida, casi se puede decir que cuenta con amparo constitucional. Creo que no hay mecanismo de consulta del cual sea producto innato este condenable comportamiento, ni existe mecanismo de consulta que lo pueda prevenir enteramente. Aunque claramente puede haber ciertos mecanismos de consulta o ambientes que permitan que tales comportamientos deleznables se manifiesten en una forma más exacerbada. Lo que si podría aseverar con alguna seguridad es que si a las posiciones de rector y decanos arriban personas poco académicas, es ello más una responsabilidad del CSU que nombra, que de aquellos que prestan sus nombres o de aquellos que son consultados.
Evidentemente, se debe reconocer que en la Universidad Nacional de Colombia, y en el conjunto de la universidad pública, se defiende la universidad como un espacio privilegiado para el ejercicio pleno de la democracia, y sobretodo a nombre de la búsqueda de formas de organización social más justas y civilizadas. No obstante, los discursos, y en ocasiones hasta las personas, no clasificados convencionalmente como de izquierda, se encuentran prácticamente proscritos del campus universitario. Lo que me preocupa a este respecto, es que dichas manifestaciones tildadas de antidemocráticas, fascistas, incivilizadas y casi dictatoriales, pudieran en un momento dado, ser respondidas sentimentalmente con normas o reglamentos que den espacio para ser entendidos o interpretados como demostrativos de antidemocracia o autoritarismo institucionales. No se puede castigar a las grandes mayorías que son respetuosas de los mecanismos de participación democrática. La colegiatura nacional, en los pocos asuntos en que encontró consenso fue alrededor de la defensa de la misión institucional, de esa misión típica de las universidades de las democracias liberales de mercado. La gran mayoría de los profesores, por no decir su totalidad, y asumo que igualmente de los estudiantes, defiende esencialmente las libertades democráticas liberales. Están por la defensa y el fortalecimiento de los mecanismos de consulta democrática en las decisiones estratégicas de la universidad. Necesitan y merecen estos mecanismos. El llamado es a que se le cierre al máximo el paso a la politiquería y en general a las tendencias poco académicas, siendo más democráticos y liberales.
Yo en particular fui victima de comportamientos antiuniversitarios y calumniosos provenientes de la campaña del profesor Mario Hernández, cuando de manera infame y aleve se utilizó a una inocente organización estudiantil de la facultad de ciencias económicas para sindicarme, en un insultante pasquín, de reaccionario, uribista y enemigo de la universidad pública y de la investigación. Advertí al respecto por escrito, y lo conoce el Secretario General de la Universidad Nacional, que ese tipo de afirmaciones irresponsables, descalificadoras y difamantes solo contribuirían a pervertir y hacer indefendibles los mecanismos de consulta y de elección de representantes. No obstante estos condenables y antiuniversitarios hechos continúo con la firme convicción de que a las manifestaciones antidemocráticas e incivilizadas se les debe responder con mecanismos democráticos fortalecidos y robustos, y no con su debilitamiento.
En segundo término, quiero referirme al contenido del proyecto de Acuerdo empezando por señalar la conveniencia de tener seguridad jurídica acerca de si se ha previsto una amplia difusión para la convocatoria de la designación de decanos, de tal manera que esta llegue a un amplio número de ciudadanos colombianos quienes llenan los requisitos de ley, o si por el contrario, esta convocatoria solo tendrá un alcance limitado al ámbito de la Universidad Nacional. Esta inquietud no sugiere que esté propiciando la aparición de un número inmenso de aspirantes externos, sino es simplemente en términos de seguridad jurídica.
En el literal d del Artículo 1º de la última versión recibida, se obliga a los profesores de las UBGAAs a que postulen 2 nombres de profesores adscritos solo a su Unidad, descartando a otros ciudadanos y en particular a profesores de otras UBGAAs que también llenen los requisitos de ley. Además se limita la libertad de postular. Se trata de una consulta para designar decano de la facultad, no para designar director de una UBBGAA en especial. Todo pareciera apuntar a la obtención de una verdadera lluvia de postulados, más de 34 para el caso de la facultad de medicina, por ejemplo, quienes no tienen la obligatoriedad de presentar hoja de vida, propuesta programática o planteamiento alguno sobre la visión de la facultad, cuyos nombres llegarían a un consejo de facultad donde se realizaría una escogencia de 3 postulados, sin que medie ningún tipo de criterio formal de orden académico, académico-administrativo o administrativo. Cuando no existen criterios definidos, podría quedar el camino expedito para posibles actuaciones poco transparentes.
En este proyecto de Acuerdo no se prevé un posible conflicto de intereses cuando un profesor miembro de un consejo de facultad sea un aspirante a decano, o el mismo decano en ejercicio aspire a su reelección. No se prevé, como se insinúa en el consejo de la facultad de medicina, que tres de sus miembros podrían aspiran a ser decanos, los cuales tendrían que dictaminar sobre si mismos acerca de su inclusión en la lista de 3 candidatos que remitiría el consejo de facultad al CSU.
En el parágrafo del Artículo 2º, se establece que en ningún caso una misma persona podrá participar en más de una postulación, sin embargo, en el mismo Artículo 2º se establece que un profesor que sea miembro del consejo de facultad, pueda participar tres veces en la postulación de un nombre: por la vía del consejo de facultad (donde aparentemente no firma), por la vía de las UBGAAs a la que pertenece (donde tampoco firma) y por la vía de las postulaciones a través de firmas como parte de de un mínimo de 10 o 20% de los profesores o número mínimo de egresados. Para el caso de los estudiantes y egresados que pertenezcan al consejo de facultad, los cuales no se encuentran adscritos a ninguna UBGAA, estos pueden participar doblemente en la postulación de un nombre. También es posible que algún egresado miembro del consejo de facultad sea aspirante a decano, y aún un estudiante de postgrado.
En el proyecto de Acuerdo, en ningún caso los aspirantes deben dar a conocer por norma sus hojas de vida o sus planteamientos sobre la facultad a los postulantes o consultados. Pareciera que solo en el caso de los postulados por el rector, quien explícitamente los inscribe, este dispondría previamente por norma de la hoja de vida y los planteamientos sobre la facultad y la carta de aceptación de sus postulados. En el caso de los aspirantes postulados con firmas de los profesores, los egresados y los estudiantes, pareciera que son los mismos postulados quienes personalmente se inscriben aportando los documentos requeridos, aunque cabe, de acuerdo con la redacción del Artículo 2º, que el mínimo porcentaje de profesores y estudiantes o el número mínimo de egresados, quienes los soportan con sus firmas, son quienes diligencian la inscripción de los postulados.
En la primera versión aprobada en primera vuelta, como en la presente versión, se determina que la Secretaría General daría a conocer un resumen de la hoja de vida y los planteamientos de los postulados a la comunidad universitaria después de la inscripción, es decir después de haber recibido estos las firmas. Sería casi como firmar un cheque en blanco. Dado que la solicitud de las firmas no está precedida de una inscripción formal de los aspirantes y la divulgación amplia de sus hojas de vida y planteamientos sobre la facultad, la gestión de obtener las firmas queda íntimamente ligada a las relaciones de amistad, la habilidad clientelista, la autoridad administrativa de algunos aspirantes, la disponibilidad de activistas recolectores de firmas, las promesas y compromisos individuales a la carta, la capacidad de convocatoria a través de agremiaciones de egresados y otros organismos de los cuales son dignatarios algunos aspirantes, membresía de clubes sociales, asociaciones de pensionados, cooperativas, fondos, entre otros. Una vez dada la largada en la desenfrenada carrera por la captura de firmas, es posible que dignos y escrupulosos candidatos puedan quedar tendidos en el camino rebasados por los más habilidosos politiqueros, a los cuales, en forma contradictoria, se pretende descalificar con el nuevo Acuerdo.
Mientras el Consejo de Estado conceptúa que el CSU obra con discrecionalidad ilustrada en los casos de nombramiento de rector, y por analogía con aquel de los decanos, la consulta contemplada en el proyecto de Acuerdo de reglamentación aparece claramente como carente de ilustración. Los consultados debieran expresar su opinión o apoyo en una consulta ilustrada, consagrada por reglamento. Los consultados tienen el derecho de conocer previamente las hojas de vida y los planteamientos del aspirante sobre la facultad. Habría que consultar si la ausencia de esta consideración podría dar lugar a posibles impugnaciones jurídicas.
Aunque el ex-consejero Roldán menciona en uno de los proyectos de acta del CSU, que el actual proyecto de reglamentación es el mejor método por su semejanza con el de la Universidad de Antioquia, debo citar a propósito el libro “Blanco y Verde” de dicha universidad, en el cual se narra la participación aberrante de los egresados en la elección de decanos. Se nombró un decano que contaba con un aparato de bolsillo representado en una asociación de egresados, de donde obtuvo unas firmas. Se negó a prestar su nombre para que los profesores lo incluyeran entre los aspirantes, argumentando que solo necesitaba unas cuantas firmas de egresados para que su nombre llegara al CSU, donde tenía asegurados los votos para su nombramiento, y efectivamente resultó nombrado, con los problemas de gobernabilidad y legitimidad inherentes.
En la primera versión del proyecto de Acuerdo, no se determinaba en qué momento el rector daría a conocer públicamente los nombres de sus postulados. Si lo hiciera antes de la apertura del periodo de las postulaciones, podría estar dando una señal a los posibles firmantes. En la segunda versión se determina que el rector inscribirá sus postulados 24 horas después de recibidas las postulaciones de otras dependencias. Sin embargo, no se establece si el puede conocer los inscritos de otras dependencias antes de inscribir sus postulados. Alguien podría pensar que el rector al conocer la lista de los postulados, podría postular, entre una gama de alternativas, aquella que hubiera recibido al menos una postulación, para hacerla así un poco más legítima. De lo contrario, podría correr el riesgo de que su candidato no se encontrara entre los postulados provenientes de los diferentes estamentos, comprometiendo así su legitimidad.
Mientras en muchos países, especialmente desarrollados, una más o menos amplia gama de candidatos a decano se juzga conveniente para que la probabilidad de encontrar y designar el mejor sea mayor, en nuestro medio académico, permeado por la politiquería, el mismo hecho, es decir, un número amplio de postulados a la posición de decano puestos a disposición del organismo que designa, supone la búsqueda de la más alta probabilidad de que arribe por cualquier vía el nombre del postulado más atractivo para el gobierno o el rector. A propósito, debo aclarar y declarar que no tendré como criterio de mal decano, el que este goce del respaldo del rector y de los representantes del gobierno. Tal lógica me conduciría al absurdo de introducir como el más definitivo criterio de buen decano, el que este exhiba el más beligerante comportamiento insurreccional en contra del gobierno y de la actual administración. No me preocupa si en mi opinión el postulado o candidato con las mejores calidades académicas, académico-administrativas y visos de legitimidad, también se encuentra en la opinión favorable del rector y del gobierno.
En términos de capacidad máxima teórica de postulación se pueden señalar algunas incoherencias: Los egresados de los últimos veinte años de la facultad de medicina, por ejemplo, tienen una capacidad teórica de postular 200 aspirantes, los estudiantes actuales 20; los profesores 10 y el rector 1. Pero quien tiene la mínima capacidad de postulación de aspirantes cuenta con su voz para defenderlos en el CSU, y muy probablemente con los votos suficientes para su designación. No se diferencia además, entre una postulación avalada por más del 10% de las firmas o entre varias o diferentes postulaciones avaladas por justamente el 10% de las firmas. El peso político de un candidato representado por el número de votos depositados en las urnas, se lo reemplaza por el peso político del número de firmas o del número de postulaciones. Aunque obviamente, frente a la ley, ni los votos de la consulta en las urnas ni las firmas de las postulaciones son los que nombran los decanos. Esto es solo un criterio de ilustración entre varios.
En el caso de la facultad de medicina, actualmente se cuenta al parecer con más de una docena de aspirantes, número superior al máximo teórico de 10 que pueden postular los profesores por la vía de las firmas. Esto desencadenará una intensa campaña por la disputa de las firmas; campaña que se pretende evitar. Además, al no fijar como obligatoria la exposición pública de programas o planteamientos, foros o campañas, aquello que no está prohibido expresamente, está permitido. Obviamente no se pueden prohibir las campañas por razones constitucionales: la libertad de expresión, de reunión, de organización y de movilización. Cualquier modalidad de campaña sería lícita y además posiblemente legítima.
Por último, en esta segunda parte de mi exposición, quiero referirme a la ingerencia de los egresados en el gobierno de la Universidad Nacional. Este es en principio un tema muy discutible. Aunque mi información es muy incompleta sobre las relaciones concretas de los egresados con sus facultades, en los casos de la facultad de derecho y de la facultad de medicina, una muy representativa fracción de ellos, en términos de pronto más cualitativos que cuantitativos, tiene una estrecha y fructífera relación con su facultad. En otras facultades, o más específicamente carreras de pregrado y programas de postgrado, ni siquiera existen agremiaciones de egresados. En mi caso particular, no me parecería ético o responsable pretender alguna ingerencia en los asuntos íntimos de gobierno de la Universidad del Valle o de la institución británica de donde egresé. El caso antes referido de la Universidad de Antioquia, es un buen ejemplo de la ingerencia un tanto indebida de algunos egresados en el gobierno universitario.
Aunque la manera específica como acceden los nombres de candidatos a decano al organismo nominador es un tanto variada de una institución universitaria a otra, incluyendo elección directa, comités de búsqueda y selección, consultas a profesores, y en varios casos a estudiantes, mediante voto secreto y libre, y hasta mecanismos con muy restringida participación de los estamentos profesoral y estudiantil, a continuación me permito esquematizar y sustentar una breve propuesta de reglamentación para la designación de decanos:
1- Inscripción de aspirantes que cumplan los requisitos de ley, adjuntando:
a) su hoja de vida en un formato oficial que permita su fácil comparación cuantitativa y cualitativa.
b) El planteamiento sobre la facultad, limitando su desarrollo a de 3 o 4 temas institucionales (para facilitar su comparación) relativos a la misión general, la misión de la facultad, su plan de desarrollo, la visión de la facultad, las iniciativas de modernización académica, entre otros, en no más de 10 páginas.
Me parece que la consulta a la comunidad universitaria debe ser antecedida por la inscripción de aspirantes ciertos y acreditados en el cumplimiento de los requisitos de ley y de otros requerimientos fijados por el Acuerdo específico de reglamentación.
2- Divulgación amplia de las hojas de vida y de los planteamientos de los aspirantes entre la comunidad universitaria y su libre discusión.
Considero este requisito de suma importancia porque asegura la ilustración de aquellos que van a ser consultados. La libre discusión no significa que el aspirante se deba convertir en un jefe de una campaña política, o que ello signifique un día, una hora y un espacio físico determinado. El aspirante haría uso de las libertades constitucionalmente consagradas.
3- Postulaciones por UBGAAs de 3 nombres para las facultades pequeñas, por ejemplo de menos de 100 profesores, y de 5 nombres para las facultades grandes, escogidos mediante voto secreto y libre de la lista de todos los aspirantes oficialmente inscritos.
Es el voto secreto el que permite amparar en forma plena la libertad de opinar de los profesores y los estudiantes.
4- Conformación de una terna para las facultades pequeñas, o de una lista de 5 nombres para las facultades grandes, realizada por el Consejo de Facultad, el cual solo actuará a manera de escrutador, teniendo en cuenta solo las frecuencias de los nombres propuestos por las UBGAAs.
La participación del Consejo de Facultad en la elaboración de ternas o listas de nombres de candidatos de la manera como lo propongo, difiere esencialmente de la participación propuesta en el proyecto de Acuerdo, donde no existe ningún referente reglamentario para la conformación de ternas por este organismo colegiado.
5- Postulación por parte del rector de un candidato por cada facultad solo en caso de no obtenerse una especie de umbral de confianza corporativa, o en el caso de haberse propuesto un número inferior a 3 o 5 nombres, según el tamaño de la facultad. El rector podrá tomar su candidato de los nombres de la lista de aspirantes oficialmente inscritos, o de fuera de ella, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley y del reglamento.
Cuando hablo de confianza corporativa, estoy tomando como referente el comportamiento histórico de la participación de los profesores en las consultas anteriores, donde se supera el 50% de participación casi en todas las facultades. Para el caso de los estudiantes habría que hacer otras consideraciones debido a que su participación ha sido relativamente muy baja.
Me parece que el rector debiera proponer candidatos solo en los casos en que los profesores no ejerzan su derecho a expresar en una consulta sus opiniones sobre los candidatos inscritos, al no rebasar un límite o umbral de confianza corporativa, o alternativamente, cuando no surja el número suficiente de candidatos para conformar una terna o lista de candidatos a decano. Se que este es un tema muy polémico, y probablemente este condicionamiento que estoy proponiendo sea inaceptable para el Rector.
6- El CSU en pleno o a través de comisiones delegatarias realizará entrevistas a los candidatos propuestos.
7- El CSU establecerá criterios académicos y académico-administrativos públicos para el nombramiento discrecional ilustrado. Esto le daría transparencia al evento de nombramiento de decanos. Disponer de varios criterios públicos de designación en el CSU, en nada contradice la discrecionalidad ilustrada antes aludida.
El Dr. Carlos Miguel Ortiz, designado por el Consejo Académico, expresa reservas frente al método de la recolección de firmas. Propone como alternativa el voto secreto en una consulta, articulado a las jerarquías en que se encuentra clasificado el personal académico, es decir un voto calificado por categorías. De esta manera se podría tener un candidato de los profesores titulares, uno de los asociados y uno del conjunto formado por los instructores y los profesores asistentes, además de un candidato de los estudiantes., uno de los egresados y uno del rector.
Se presenta una comunicación suscrita por la representación profesoral de la sede de Bogotá, en la que se formulan algunas críticas al proyecto de Acuerdo que modifica el reglamento de la designación de decanos y a la reforma estatutaria reciente que le da soporte. Se hace la solicitud expresa de mantener la discusión programática, la consulta democrática previa y la formación de la terna con las mejoras que sean necesarias. Finalmente, la comunicación solicita al CSU que archive el mencionado proyecto
Durante la discusión se presentaron los siguientes temas, elementos, precisiones y argumentaciones:
o- La publicación de la convocatoria en la página web de la Universidad Nacional satisface la amplia divulgación pública acorde con lo dispuesto en la ley acerca de quiénes pueden ser decanos.
o- La discrecionalidad ilustrada se refiere, según la reciente sentencia del Consejo de Estado, solo al caso específico de la elección del rector, y no a la consulta para la designación de decanos.
El representante profesoral acoge la nota aclaratoria y añade que utiliza el concepto de consulta ilustrada solo como una analogía, es decir, para indicar que la libre decisión de
votar o firmar debe ir precedida del conocimiento pleno de la trayectoria académica y administrativa del aspirante y de sus planteamientos sobre la respectiva facultad.
o- Se considera que el planteamiento sobre la facultad que debieran presentar los candidatos a decano, debe ser esencialmente de compromiso institucional antes que un compromiso con un grupo en particular.
o- Se presenta la idea de utilizar un formato de hoja de vida para los aspirantes, el cual podría ser el que oficialmente dispone la Oficina Nacional de Personal, y que el planteamiento sobre la facultad no debe ceñirse a un formato particular, para permitir que el candidato exponga con toda libertad sus ideas o planteamientos.
o- Se aclara que en la última versión del proyecto de Acuerdo no se hace ninguna prohibición al ejercicio de libertades amparadas por la constitución o la ley.
El representante profesoral menciona que a propósito de la consulta a profesores, la UNESCO en una serie de recomendaciones expedidas en 1997 consigna como parte de la democracia y los derechos humanos, que los profesores deben tomar parte activa a través de mecanismos de consulta en las decisiones estratégicas de las instituciones universitarias de las cuales hacen parte.
o- Se expresan algunas dificultades para la aplicación plena de las recomendaciones de la UNESCO, debido a las condiciones particulares de nuestro medio.
o- Se recuerda que la modalidad de consulta a través de las firmas es algo substancial, ya aprobado por el CSU en la primera vuelta, y por lo tanto no puede ser modificado el proyecto de Acuerdo a este respecto.
o- Se propone que los nombres soportados por firmas podrían ser filtrados por el Consejo de Facultad, con el fin de estructurar una terna, la cual debiera ser sustentada con razones eminentemente académicas, antes de ser remitida al CSU.
o- Se expone la opinión que los decanos debieran ser nombrados por el rector, teniendo en cuenta que los decanos deben ser un grupo de colaboradores que el rector necesita para llevar a cabo sus planes institucionales.
o- Se hace notar que antes de la reciente reforma estatutaria, en la cual se establece que los decanos son representantes del rector, los decanos una vez nombrados por el CSU no eran estatutariamente responsables ante nadie. Ahora los decanos deben rendir cuentas ante el rector mediante informes anuales de gestión
o- Se considera la necesidad de que se cuente con un cuerpo de decanos muy comprometido con las iniciativas institucionales de la actual rectoría.
El representante profesoral señala que recientemente se ha suscitado una discusión alrededor de si los decanos se deben parecer más a un gabinete de ministros o a una suerte de parlamento. En el primer caso se podría presentar una especie de unanimismo en las decisiones, mientras que en el segundo caso, se podría entender como una corporación en la cual se encontrarían facciones en permanente pugna.
El representante profesoral acepta que por principio no se puede asegurar que un decano nombrado por el rector deba necesariamente compartir de manera unánime las opiniones de este, como tampoco se puede asegurar que los decanos designados a través de una consulta necesariamente deban poseer opiniones diametralmente contrarias a aquellas del rector. De hecho, los actuales decanos designados durante la anterior administración, en su gran mayoría han venido respaldando las iniciativas de la actual rectoría en el Consejo Académico.
El representante profesoral reconoce que designar un cuerpo de decanos en confrontación permanente e irreconciliable con la actual rectoría conduciría inevitablemente a una situación de ingobernabilidad no deseada. Pero agrega que esta posible situación se debe balancear con la realización de una consulta, que en ningún momento pueda aparecer como algo simplemente formal sin ninguna incidencia.
o- Se expresa desacuerdo con una posible ocurrencia de unanimismo en un cuerpo de decanos designado por el rector, teniendo en cuenta que los decanos son profesores universitarios que tienen sus propios criterios.
o- Se considera lo impráctico de realizar una entrevista a más de 60 aspirantes. La entrevista ha sido removida en la última versión del proyecto de Acuerdo.
El Rector hace un reconocimiento al designado por el Consejo Académico, Dr. Carlos Miguel Ortiz, y al representante profesoral por haber expresado de inmediato sus opiniones frente a los temas discutidos, sin necesidad de aplazarlas hasta que fueran a consultar con sus representados.
Con base en la discusión y las propuestas sobre el texto del proyecto de Acuerdo, se somete a consideración del CSU el siguiente texto general de Acuerdo:
1- Convocatoria e inscripción de candidatos aportando hoja de vida en formato oficial de la Universidad Nacional, planteamiento sobre la facultad y acreditación de requisitos de ley.
2- Verificación de requisitos.
3- Publicación de lista de aspirantes que cumplen los requisitos.
4- Divulgación amplia entre la comunidad universitaria de hojas de vida y planteamientos sobre la facultad.
5- Consulta a la comunidad universitaria mediante firmas de profesores, estudiantes y egresados conformados en grupos de acuerdo con porcentajes mínimos para el caso de profesores y estudiantes y un número mínimo para el caso de egresados.
6- Conformación de una terna por parte del Consejo de Facultad teniendo en cuenta la lista de aspirantes que sobrepasaron el mínimo de firmas provenientes de al menos uno de los grupos conformados como se describe en el numeral inmediatamente anterior. Sustentación académica de los nombres incluidos en la terna.
7- Propuesta discrecional de un candidato del rector por cada facultad, que cumpla con los requisitos establecidos.
8- Designación de decanos por parte del CSU.
El texto general del Acuerdo es aprobado por 6 votos contra 2. El representante profesoral deja constancia de su voto negativo en los siguientes términos: Aunque reconozco que el Acuerdo de reglamentación aprobado presenta mejoras con relación al aprobado en la primera vuelta, subsiste la eliminación de la libertad de opinión a través del voto secreto, reemplazándolo por la recolección de firmas, que por su naturaleza, propician el clientelismo y la politiquería que se pretenden prevenir. Esto, unido a la discrecionalidad con que los Consejos de Facultad conformarían las ternas, desvirtúa sensiblemente el mecanismo de la consulta para la designación de decanos. No obstante mi desacuerdo con lo aprobado, respetaré la institucionalidad y no acudiré a la demanda ni a la tutela con el propósito de revertir lo decidido por la mayoría del CSU.
El Dr. Carlos Miguel Ortiz, a pesar de haber votado positivamente por el Acuerdo, deja una constancia en la que manifiesta una vez más sus reservas frente al método de la recolección de firmas. Añade que dio su voto positivo a pesar de estas reservas debido a que ya se había aprobado el sistema de recolección de firmas durante la primera vuelta en el CSU. Por lo tanto entendía que en la votación de la segunda vuelta, ese aspecto ya no estaba en juego y que su voto positivo se refería a los nuevos elementos que en parte corresponden a lo sugerido por el representante profesoral.
La representante de los estudiantes también sustenta su voto negativo dejando una constancia de desacuerdo en la cual manifiesta que esta reforma se hace más de manera sentimental que institucional. Se ha presionado esta modificación argumentando que se abucheaba a los candidatos y que se presentaba clientelismo. La recolección de firmas introduce aún más politiquería y además desdice mucho de la Universidad Nacional.
La representante de los estudiantes agrega que el plan global de la Universidad Nacional no debe verse solo en sus aspectos de cifras financieras. Se debe tener como referente la misión institucional. La consulta, la discusión y la participación de los diferentes estamentos universitarios deben ser preservadas en la construcción de un plan global. Concluye diciendo que ha sido un gran error haber aprobado un Acuerdo de reglamentación de la designación de decanos en los presentes términos.
El CSU aborda la agenda de la comisión delegataria, dando trámite a los asuntos de docentes, estudiantes y asuntos varios.

Sexta Edición - Mayo de 2004