Editorial:

La reorganización de nuestra Universidad


UpinióN

 

En virtud del mandato del Decreto Reglamentario 1210 de 1993, la Universidad Nacional de Colombia se dio a la tarea de redefinir los estatutos que rigen la organización y vida universitaria, después de importantes esfuerzos de presentación de propuestas, participación, debates, contrapropuestas, se llegó a culminar con la adopción de algunos de ellos por parte del Consejo Superior Universitario, así:

Del estatuto Estudiantil quedó en abril de 2003 una propuesta ampliamente discutida y bastante consolidada, lista para continuar su curso en manos de la administración de Marco Palacios.

Adicionalmente se avanzó en la reglamentación, regulación y ordenamiento de los asuntos propios de cada estatuto, de manera que se generaran los mecanismos e instrumentos requeridos para materializar lo tipificado previamente en los estatutos y reglamentos. Cada una de estas autorregulaciones institucionales fue ampliamente divulgada a la comunidad universitaria a través de diferentes medios.

De otra parte, se ha de recordar también el proceso de elaboración del Plan Global de Desarrollo e la Universidad para el período 1999 – 2003, cuyo propósito era concretar la Misión de la Universidad, definida genéricamente en el Decreto 1210 de 1993, para de esa manera contribuir a dar sentido a su gestión al facilitar su organización y posibilitar la vinculación de la comunidad universitaria en torno a propósitos comunes.

Esta gestión han requerido de la Universidad un esfuerzo institucional proveniente, del invaluable trabajo intelectual realizado por parte de profesores, estudiantes y consejeros, quienes de manera individual, colegiada y gremial, estilo de trabajo coherente con el espíritu y el carácter de nuestra universidad, acopió los insumos para la realización de tan importante compromiso de consolidación y autorregulación institucional.

No hace más de cuatro años, se emprendió la tarea de reorganizar la Universidad Nacional de Colombia, para ello se partió del antecedente mediato más importante, la llamada Reforma Patiño de 1965. Frente a la pretensión de reorganizar la Universidad, se hizo evidente que para inicios del presente milenio seguían vigentes muchos de los elementos que justificaron y sirvieron de argumento al proceso de reestructuración llevado a cabo por la Reforma de la década de los sesentas, así:

Sin negar, de ninguna manera, los avances logrados por la Universidad mediante la formulación e implantación de la reforma Patiño, en lo que se refiere a su gestión global tanto académica como administrativa, en todo caso es evidente que muchos de los objetivos propuestos por ella, aún estaban lejos de haberse consolidado.

Es a partir de este balance que se emprendió el proceso de reestructuración impulsado por la administración Moncayo, a mediados del año 2000. Uno de los aspectos que adquirió mayor peso para sustentar la necesidad de llevar a cabo una nueva reforma, se refirió a una serie de rupturas institucionales, que aparte de haberse evidenciado a todo nivel, mostraron signos claros de profundización. Una de las consecuencias que más pueden dar cuenta de la existencia de este problema, es el marcado proceso de atomización vivido por la Universidad.

Tal atomización se ha podido identificar al interior de las Sedes entre sus diferentes instancias tanto académicas como administrativas, entre las Sedes mismas y entre éstas y el Nivel Nacional y, sin duda lo más preocupante, entre la Universidad Nacional de Colombia y su contexto representado por la Región, la Nación y el Mundo. Las rupturas identificadas fueron, entre otras, las siguientes:

A partir de las evidencias ya señaladas se dio inicio al proceso de reorganización institucional, una vez más se acudió a las opciones participativas de la comunidad para debatir sobre propuestas centradas en esta obligación, y como producto de ello, el Consejo Superior Universitario expidió los criterios organizativos dentro de los que se avanzaría en la organización de la Universidad, en consecuencia se generaron los siguientes actos:

Una vez realizado el trabajo conducente a la determinación de la propuesta de cada Facultad sobre su organización, el Consejo Superior Universitario, a partir del mes de diciembre de 2001, dio inicio al proceso de adopción de la estructura académico – administrativa de las diferentes Facultades, concluyéndose en el mes de julio de 2002.
Finalmente, el Consejo Superior Universitario consideró pertinente otorgar un espacio prudencial para la estabilización de la estructura de cada Facultad antes de proceder a autorizar la introducción de ajustes y de cambios, en consecuencia procedió a expedir el Acuerdo 31 de 2002 mediante el cuál postergó la realización de cambios en las estructura Académico - Administrativa de las Facultades de la Universidad, hasta tanto se realizará el proceso de evaluación respectivo, dicho plazo fue fijado para el 30 de junio de 2003.

Posteriormente dicho plazo se amplió hasta diciembre del 2003, a la fecha, tenemos entendido que varias Facultades cumplieron con lo comprometido, otras se apartaron de los criterios acordados previamente para la evaluación y otras tantas no lo hicieron, y a nivel institucional se abandonó el proceso, sin que se conozca el resultado de este empeño.

Ahora bien, estamos en un momento en el que pareciera que el trabajo institucional realizado previamente a la gestión de la actual administración ha de ser nuevamente ideado, como sí hubiese sido ejecutado para otra institución, en otro contexto y en otro momento histórico. Es cierto que el mundo contemporáneo se transforma de manera vertiginosa, pero no por ello, el carácter misional de nuestra universidad se ha cambiado de manera sustancial, como para tener que volver a inventar lo que a sido objeto de trabajo durante la última década.

Muchas han sido las voces de la actual administración universitaria en el sentido de descalificar el arduo trabajo adelantado en materia reglamentaria y organizativa, se ha indicado que la universidad se desgastó en esfuerzos puramente reglamentaristas y así mismo se aseguró que dejaría atrás tan inconveniente práctica. Cuando en la realidad, se han dedicado a construir propuestas reglamentaristas de nuevos Estatuto General y de Personal Académico, esto en sentido contrario de lo comprometido y en repetición de los vicios de gestión previamente criticados.


Ante este estado de cosas surgen muchos interrogantes, entre ellos los siguientes:

¿El Plan Global de Desarrollo, aprobado recientemente, de manera por demás rápida y sobre un texto muy poco conocido por la comunidad, responde verdaderamente a la misión de la Universidad Nacional de Colombia y los derroteros trazados para hacerla posible?

¿Dónde está el diagnóstico institucional sobre el que se han impulsado las recientes propuestas de mutación de nuestra Universidad?

¿De dónde vienen aquellos que se creen poseedores de una nueva cosmovisión de lo público y en consecuencia actúan desencadenando rupturas sin tener en cuenta la trayectoria de la más importante de las universidades públicas?

¿Cuál es la razón por la que se han ideado todo tipo de mecanismos para centralizar y concentrar, en contravía de las prácticas más recientes en la gestión de la universidad y en detrimento de la participación y el debate propios de la vida académica?

¿Porqué razón se paralizaron, sin previa evaluación y plena justificación, procesos en que se encontraba comprometida la universidad?. Entre ellos: la acreditación de programas curriculares; los programas curriculares de las Sedes de Frontera (hoy llamadas Sedes de Presencia Nacional, como si las otras 4 sedes no lo fueran); la reestructuración de las Facultades, la que debía ser continuada con la reestructuración de los Centros e Institutos y de las Sedes; la reglamentación del Estatuto de personal Académico aprobado en el año 2002.

¿En qué queda la tan rezada transparencia, racionalidad del gasto, economía de esfuerzos y participación, cuando la administración no se ha caracterizado por cultivar tan valiosos principios de gestión?.


Septima Edición - Junio de 2004