Informes:

Consejo Superior Universitario - Representación profesoral
Informe de la sesión 08

Martes 29 de Junio de 2004
Nota: El presente informe no reemplaza el acta oficialmente aprobada por el CSU

 

Asistentes

Ministra de Educación; Viceministro de Educación; Rector; Representante de los Ex-rectores; Representante del CESU; Designado por el Consejo Académico; Representante de los Profesores; Representante de los Estudiantes. 6/8

 

Asuntos del Rector

Informa que ha sido dispendioso concretar las observaciones hechas al Plan Global de Desarrollo que el CSU   aprobó el   29 de mayo de 2004. Anuncia que aproximadamente en el término de una semana se tendría una versión definitiva; en el momento se están ajustando los planes de acción con las Sedes. Añade que se deben rendir informes trimestrales   a la Contraloría.

Anuncia que teniendo en cuenta que un grupo relativamente grande de profesores efectivamente va a hacer uso de su derecho de pensión, se impone afrontar dicho problema con un concurso docente especial; considera que las disposiciones salariales del Decreto 1279 constituyen una dificultad y que modificaciones inmediatas al mismo se anticipa que son difíciles. Destaca que la homologación de los títulos de postgrado demora un año o más, lo que impide que a los profesores   se les pueda hacer los reconocimientos salariales del caso. Sugiere que el Ministerio de Educación   debiera ser más ágil en dicho trámite. La Ministra de Educación manifiesta que propondrá que sean las universidades las que realicen la homologación de títulos académicos.

El Rector pone a consideración del CSU cuatro (4)   proyectos de Resolución relacionados con 1- el valor de los puntos de los derechos administrativos para la inscripción y otros servicios relacionados con los procesos de admisión   a programas de pregrado, quedando así: 4.0 puntos inscripción, 0.5 puntos adición de documentos de inscripción, 0.5 puntos certificación de puntaje o constancia de admisión. 2- el valor del punto para el cobro de la inscripción y otros     servicios relacionados con los procesos de admisión a los programas de pregrado y postgrado, quedando así: un (1) salario mínimo diario legal vigente (SMLV) para trámites realizados en el interior del país, Ocho (8) dólares americanos (US$8.00) para trámites realizados en el exterior del país. 3- el valor en puntos de los derechos administrativos para la inscripción y otros servicios relacionados con los procesos de admisión a los programas de postgrado, quedando así: 10 puntos inscripciones, 1 punto adición de documentos de inscripción, 1 punto certificados de puntaje o constancia de admisión. 4 - el valor en puntos de los derechos administrativos para la inscripción y otros servicios relacionados con los procesos de admisión a los programas de pregrado y postgrado, quedando así: 4 puntos inscripciones pregrado, 10 puntos inscripciones postgrado, 0.5 puntos adición documentos de inscripción pregrado, 1 punto adición de documentos de inscripción postgrado, 0.5 puntos certificados de puntaje o constancia de admisión pregrado, 1 punto certificados de puntaje o constancia de admisión postgrado. Los cuatro proyectos de Resolución fueron aprobados por el CSU en pleno.

El Rector presenta una propuesta de Reorganización de las Áreas Financieras y Administrativas para Bogotá, la cual tiene como objetivo principal establecer una estructura organizacional del área financiero-administrativa para el Nivel Nacional y la Sede de Bogotá, que permita mejorar la forma como se llevan a cabo estos procesos de soporte, agilizar los flujos de información asociados a cada uno de ellos y contribuir a que la toma de decisiones se haga de forma eficiente y eficaz, estableciendo parámetros   claros y unificados desde una perspectiva administrativa de apoyo a lo misional con interlocutores calificados y debidamente capacitados en su función. Propone la creación de una Gerencia Financiera y Administrativa. En materia de costos, informa que las actuales áreas Financiero-Administrativas de Bogotá representan   $ 11.791.653.960, mientras que las propuestas representan   $ 11.955.606.499, es decir, $ 163.952.539 adicionales. La Señora Ministra de Educación solicita posponer la consideración de la propuesta hasta que los costos adicionales sean explicados en forma satisfactoria. El representante profesoral señala que algunos sectores profesorales han criticado la actual estructura administrativa de la Universidad Nacional en términos de la presencia de nóminas paralelas entre el nivel nacional y el de la sede de Bogotá especialmente,   que en algunos casos el aparato administrativo se encuentra sobredimensionado en ciertas áreas, con relación a los asuntos que hay que administrar. En consecuencia, al representante profesoral le parece, en una primera instancia, injustificados los costos adicionales, excepto que se demuestre que la nueva estructura incorpora mayor eficiencia y eficacia administrativa,   y además disminución de costos en otras áreas, que en balance la hagan más económica sin sacrificar los metas misionales. En nota separada posterior, el Rector precisa que el incremento planteado por su propuesta no modifica el valor global de la planta de personal de la Universidad, en consideración a que el valor adicional anual de $ 163.952.539 se financia con parte del valor de los cargos suprimidos en el nivel asistencial mediante Acuerdo 011 de 2004 del CSU del 9 de junio pasado.

El Rector somete a consideración un proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta la elección de representantes estudiantiles ante el CSU, se fija la iniciación de su periodo y se establece el periodo de los representantes estudiantiles ante los Consejos de Facultad. El Rector introduce la discusión acerca de la legitimidad y la representatividad de la representación estudiantil ante el CSU. El representante estudiantil sustenta su legitimidad en el programa oficial que presentó como candidato ganador y en el compromiso con aquellos que lo acompañaron con su voto sobre la base de la propuesta. El Rector sustenta un umbral de participación electoral de 25% como un intento por propiciar la participación tendiente a conferir   representatividad y para que la elección directa tenga validez. En la discusión se examina el comportamiento histórico de la participación estudiantil en la elección del representante al CSU. Se observa que en los últimos 10 años ha fluctuado entre   10.8   y   23.7 %. Se considera el marco legal del Decreto 1210 de 1993, el cual contempla que cuando no sea posible elegir de manera directa al representante estudiantil ante el CSU,   la elección se hará de manera indirecta. El proyecto de Acuerdo contempla que para este evento indirecto el CSU nombrará al representante de una lista de candidatos de excelencia académica de pregrado y postgrado, puestos a su consideración por los Consejos de Sede. Se discute la coincidencia entre la excelencia académica y las habilidades políticas requeridas para desempeñar la posición de representante estudiantil. El representante estudiantil sostiene que los actuales representantes estudiantiles   ante el CSU superior exhiben las más altas calidades académicas, evidenciadas en sus   excelentes calificaciones. Acerca de las estrategias para promover la participación electoral de los estudiantes se discute si es a la rectoría a quien le compete desarrollar acciones tendientes a que los estudiantes voten masivamente por los candidatos estudiantiles que se presenten. Se concluye que es muy difícil que la rectoría pueda obligar a los estudiantes a ejercer su derecho a elegir sus representantes por la vía directa. El representante estudiantil interpone dificultades logísticas y de tiempo para la realización de las campañas, dada la complejidad de la Universidad Nacional, lo que dificulta el acceso eficiente al electorado. La rectoría informa que en el presupuesto se cuenta con un apoyo tentativo de 20 millones de pesos como financiación oficial a las campañas, el cual será reglamentado en su momento. Finalmente se somete a consideración un umbral de participación electoral de 20%, el cual es aprobado por todos los consejeros, incluyendo el representante estudiantil.   Como vía indirecta, en caso de no cumplirse el umbral, se propone que sean los representantes estudiantiles elegidos ante los Consejos de Facultad los que designen al representante estudiantil ante el CSU, entre aquellos con las más altas calidades académicas. Esta propuesta contó con el voto positivo de los consejeros, excepto el del representante de los estudiantes, quien precisa que no se debe restringir a quienes tengan las más altas calificaciones.

Se presenta un proyecto de Acuerdo en virtud del cual se reglamenta la elección de   representantes profesorales ante los organismos colegiados de la Universidad. Se inicia una discusión acerca de las bases y principios que sustenta la introducción de calidades mínimas en términos éticos, académicos y políticos. El representante profesoral al respecto anuncia que presentará la argumentación   a favor de introducir estas calidades, al igual que aquella en favor de que estas no sean introducidas. Resalta que como representante de los profesores, y teniendo en cuenta que en la Universidad concurren diversos pensamientos, concepciones e intereses, formal e informalmente ha sido requerido por profesores para que exponga ambas argumentaciones y que por lo tanto será vocero esencialmente de dos posiciones, pero que tomará partido en favor de una, siendo consistente con sus compromisos programáticos. Precisa que las argumentaciones no son recientes, sino que varias datan de hace varios años y que reflejan posiciones académicas y políticas.

Sobre las argumentaciones recogidas a favor del establecimiento de calidades académicas mínimas, el representante profesoral comunica las siguientes: el discurso de muchos representantes profesorales no se distingue de aquel de los estudiantes;   deciden, conceptúan, recomiendan y votan   sobre asuntos curriculares de programas de postgrado (especialización, maestría, doctorado) careciendo de la experiencia y los títulos académicos correspondientes, e igualmente deciden sobre la suerte de las contribuciones académicas de profesores asociados y titulares de alta producción intelectual, a pesar de que ocupan posiciones más bajas en el escalafón docente y presentan escasa producción intelectual; se oponen sistemáticamente a los postgrados y a una universidad más investigativa, defendiendo solamente la docencia a nivel de pregrado; carecen de calidades académicas compatibles con la dignidad de los organismos colegiados en que toman parte; presiden el comité docente de las facultades careciendo de liderazgo, autoridad y calidades académicas al menos iguales o superiores   a   aquellas de los restantes miembros y de los profesores sobre quienes juzgan y recomiendan.

Sobre las argumentaciones recogidas en contra de la introducción de calidades mínimas, el representante profesoral comunica las siguientes: la representación profesoral presupone un alto contenido político, ya que a ella se accede a través de una campaña electoral; los profesores de manera libre deciden a quienes eligen como sus representantes, recayendo la responsabilidad del resultado de la elección más en los electores que en los candidatos que someten a consideración sus nombres; en los organismos colegiados se toman decisiones esencialmente políticas, encontrándose evidencia de que un representante ante el CSU   en el pasado reciente, a pesar de carecer de títulos de postgrado, estar ubicado en baja categoría del escalafón y poseer escasos puntos por producción académica, se atribuye que se dio el lujo de derrotar en este escenario al gobierno en sus pretensiones de privatizar la universidad pública, acabar con la autonomía y reducir los salarios de los profesores, mientras que el actual representante profesoral ante el CSU, a pesar de obstentar título de doctorado y producción académica, no le ha podido ganar una sola batalla al gobierno; los representantes profesorales carentes de título de doctorado, ubicados en bajas categorías del escalafón docente y con relativo bajo puntaje por producción intelectual, son los más representativos y legítimos del conjunto del profesorado, pues aquellos con título de doctorado y ubicados en altas categorías del escalafón son una elite minoritaria y privilegiada   que no llega al 10% de los profesores; muchos representantes profesorales sin título de postgrado han demostrado un gran sentido de pertenencia hacia la Universidad, lo mismo que un inigualable espíritu de servicio y sacrificio; el derecho de elegir y ser elegido debe ser preservado para todos los profesores, independientemente de las desigualdades fijadas por la ley y los estatutos en materia de categorías, dedicaciones, títulos de postgrado y puntos por producción académica; cualquier condición que limite el derecho de ser elegido a que tiene un profesor, reservándolo solo a elites de académicos distinguidos, viola la constitución, la ley y los estatutos.

En la discusión se examina la tabla en la cual se sintetiza la información relacionada con la categoría, los títulos de postgrado, los puntos por producción académica, el puntaje total y la fecha de ingreso de los actuales representantes. Como referente de la exigencia del requisito de poseer al menos la categoría de profesor asociado para aspirar a ser representante profesoral, se hace obvio que el 50% de los actuales representantes, a la fecha de la elaboración de la tabla, no podría aspirar de manera inmediata a la reelección. El representante profesoral deja constancia pública de que en el sentido ético y académico no puede defender que los asuntos académicos de los programas de postgrado, especialmente de doctorado, sean juzgados y decididos por representantes que carezcan de la producción académica y/o los títulos académicos que les concedan la autoridad académica necesaria   para hacerlo, como tampoco que la producción académica y las promociones sean juzgadas por representantes profesorales que no posean   estrictamente las calidades de pares académicos; agrega que si hay   insatisfacción por el bajo porcentaje de profesores con título de doctorado y por las presuntas posiciones poco académicas de algunos profesores, se debe reconocer que ello es debido esencialmente a que el Estado no ha hecho las inversiones necesarias   para que la situación sea diferente, ya que exceptuando las comisiones de estudio remuneradas conferidas en las últimas décadas, los profesores   que actualmente obstentan título de doctorado, lo deben más a iniciativas personales que institucionales. El representante profesoral declara que también ha hecho público que su voto es a favor de preservar el derecho de elegir y ser elegido para todos los profesores, pues su compromiso programático incluye que es el representante de los intereses intelectuales, materiales y gremiales de todos los profesores, de los que carecen de títulos de postgrado, de aquellos que los poseen, de los profesores ubicados en todas las categorías del escalafón, de los que acumulan puntos por su producción intelectual   y de quienes no lo hacen.

El representante profesoral es severamente criticado por los consejeros por su aparente incoherencia al reconocer en el terreno ético y académico que los representantes profesorales deben ser auténticos y ejemplares líderes académicos, pero que ha preferido decidir en el sentido político a favor de preservar el derecho de elegir y ser elegido para todos los profesores. El representante profesoral   aclara que tiene firmes convicciones académicas, pero que también las tiene en el campo político, que no puede faltar a sus compromisos programáticos, ni poner en riesgo su credibilidad; es enfático en señalar que no adelantará campañas tendientes a que se reglamente que para ser representante profesoral se debe estar ubicado en la más baja categoría del escalafón, carecer de títulos de postgrado, poseer la más baja dedicación, y ser el más improductivo intelectualmente. También anticipa que está seguro que no verá manifestaciones profesorales agitando estas consignas.

Se procede a votar el proyecto de Acuerdo en virtud del cual se reglamenta poseer al menos la calidad de profesor asociado para ser representante profesoral ante los organismos colegiados de la Universidad Nacional, recibiendo este proyecto cinco (5) votos positivos y el único voto negativo del representante profesoral, con la constancia antes referida.

 

Asuntos de Consejeros

 

Se resuelve la solicitud del representante profesoral acerca de la convocatoria a elección de nuevos representantes profesorales y la renovación del concepto estatutario al Comité Nacional de Representantes Profesorales. Se acuerda que el representante profesoral debe sugerir el calendario más apropiado para satisfacer la solicitud de convocatoria inmediata a elecciones y la fecha igualmente más inmediata y posterior a la elección de los nuevos representantes, a partir de la cual se renovaría la solicitud de concepto a este Comité Nacional. Se aprueba un Acuerdo concertado entre la Secretaría General y la representación estudiantil, por el cual se reglamenta el apoyo financiero para el desplazamiento y auxilios de viaje de los representantes estudiantiles para el ejercicio de las funciones propias del cargo

Número Ocho- Agosto de 2004